De conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los casos en que ya exista una vinculación formal a un proceso por parte de la jurisdicción penal ordinaria, se podrá realizar la manifestación voluntaria de sometimiento a la JEP en un término de tres (3) meses desde la entrada en vigencia de dicha ley, siempre y cuando el tercero o agente del Estado no integrantes de la fuerza pública haya sido notificado de la vinculación formal. Se entenderá por vinculación formal, la formulación de la imputación de cargos o de la realización de la diligencia de indagatoria, según el caso.
En los demás casos en los que aún no exista sentencia, podrán realizar su manifestación de sometimiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
Para los casos de nuevas vinculaciones formales a procesos en la jurisdicción ordinaria se tendrán tres (3) meses desde el momento de la notificación de la imputación para aceptar el sometimiento a la JEP.
La manifestación de voluntariedad deberá realizarse por escrito ante los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria, quienes deberán remitir de inmediato las actuaciones correspondientes a la JEP. La actuación en la jurisdicción ordinaria, incluyendo la prescripción de la acción penal, se suspenderá a partir del momento que se formule la solicitud de sometimiento a la JEP y hasta tanto esta asuma competencia.
La JEP tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver la solicitud, contados a partir de la fecha de recepción de la misma. Durante este período seguirán vigentes las medidas de aseguramiento y/o las penas impuestas por la jurisdicción ordinaria en contra del procesado, y se suspenderán los términos del proceso penal.
Vencido el plazo anterior, la Sala proferirá resolución en la que determinará si el caso expuesto en la solicitud es de su competencia o no, para lo cual se aplicará de manera exclusiva lo establecido en el Acto Legislativo número 01 de 2017 y la Ley Estatutaria de la Administración de la JEP.
Si concluye que no es competente para conocer del asunto, devolverá el expediente y todo el material probatorio a la jurisdicción ordinaria dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que así lo hubiere decidido. Al cabo de este plazo, volverán a reanudarse los términos del proceso penal ordinario.
En caso contrario, es decir, si la Sala concluye que el asunto es de su competencia, así lo declarará expresamente y adelantará el procedimiento previsto en esta ley. En este supuesto, las actuaciones de la jurisdicción ordinaria tendrán plena validez.
Estructura Ley 1922 de 2018
Artículo 2o. De las Víctimas y sus representantes
Garantías para la participación de las Víctimas
Artículo 3o. Procedimiento para la acreditación de la calidad de Víctima
Artículo 4o. Sujetos procesales
Artículo 5o. Persona compareciente a la jep
Artículo 7o. Intervención del ministerio de defensa nacional
Artículo 8o. Inicio de las indagaciones e investigaciones
Artículo 9o. Actuaciones y sesiones de la jep
Artículo 10. Acumulación de casos
Artículo 11. Finalidad y objetivos de la investigación
Artículo 12. Trámite del recurso de reposición
Artículo 13. Procedencia del recurso de apelación
Artículo 14. Trámite del recurso de apelación
Artículo 17. Policía judicial de la jep
Artículo 18. Libertad probatoria
Artículo 19. Modalidades de pruebas
Artículo 20. Acceso a documentos
Artículo 21. Protección de la información
Artículo 22. Procedencia de medidas cautelares
Artículo 23. Contenido y alcance de las medidas cautelares
Artículo 26. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar
Artículo 27. Construcción dialógica de la verdad y justicia restaurativa
Artículo 27 a. Versiones voluntarias
Artículo 27 b. Contrastación de la información
Artículo 27 C. Audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad
Artículo 27 D. Participación de las Víctimas en el procedimiento ante la sala
Artículo 29. Evaluación de correspondencia
Artículo 30. Audiencia de verificación
Artículo 31. Inexistencia de correspondencia
Artículo 32. Reconocimientos parciales
Artículo 33. Comunicación de la sentencia
Artículo 34. Fines y criterios de la medida de aseguramiento
Artículo 35. Principios generales del procedimiento adversarial
Artículo 36. Escrito de acusación
Artículo 37. Traslado del escrito de acusación
Artículo 38. Incorporación de la prueba y remisión de elementos materiales probatorios
Artículo 38a. Audiencia pública preparatoria
Artículo 39. Audiencia de juzgamiento
Artículo 40. Práctica de pruebas
Artículo 41. Alegatos de conclusión
Artículo 42. Derecho de última palabra
Artículo 44. Audiencia restaurativa
Artículo 45. Formas de iniciar las actuaciones
Artículo 46. Trámite y decisión
Artículo 48. Procedimiento común
Artículo 49. Solicitud de la renuncia a la persecución penal
Artículo 55. Concepto sobre conexidad
Artículo 56. Autorizaciones a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas
Artículo 57. Conflictos de competencia
Artículo 58. Protección de decisiones de la jep
Artículo 59. Procedimientos y disposiciones de la sección de apelación
Artículo 60. Subsección de seguimiento de cumplimiento
Artículo 63. Causales de libertad
Artículo 64. Fundamentos para la individualización de la sanción
Artículo 65. Componente restaurativo y con enfoque de género de los proyectos de reparación
Artículo 66. Interrupción del término de prescripción de la acción penal
Artículo 67. Incidente de incumplimiento
Artículo 68. Criterios para determinar la gradualidad del incumplimiento
Artículo 70. Articulación interjurisdiccional
Artículo 71. Enfoque diferencial para la investigación de delitos cometidos contra pueblos étnicos
Artículo 72. CLáusula remisoria
Artículo 73. Consulta previa y garantía de los derechos étnicos